martes, 26 de diciembre de 2017

CUANDO EL ENFOQUE ESTÁ EN FUERA DE FOCO ES

 NECESARIO CAMBIARLO.



Todas las estadísticas realizadas sobre violencia contra la mujer hasta el año 2016, elaboradas por las diferentes instituciones y organismos del Estado (MP, INEI, MIMP), arrojan que el 95% de los casos reportados como feminicidio e intento de feminicidio se han dado dentro de las relaciones familiares; es decir, el agresor es el esposo, conviviente, ex conviviente, padre, hermano, etc. Asimismo, se evidencia que el 60% de estos hechos, se realizaron dentro del hogar familiar.

Pese a que la mayoría de casos de maltrato tiene por víctimas a las mujeres, cada vez son más los hombres que se animan a denunciar a sus agresoras (esposa, conviviente o pareja). Según las cifras del propio Ministerio de la Mujer, se atiende un promedio de 455 casos mensuales de violencia contra varones. En solo el primer trimestre del presente año, se han reportado 2,882 casos a nivel nacional, la tendencia es que siga aumentando.

También es preciso señalar que, según el jefe del INEI, se estimó que el año 2015 teníamos una población total de 31.151.600 habitantes en Perú, de la cual 10.435.400 estaba conformada por niñas, niños y adolescentes. De todos estos menores, el 73,8% sufrió violencia en su casa en el mismo año, conforme lo constató la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES 2015). Por último, se sabe que la mayoría de agresiones cometidas contra adultos mayores ocurrió en el plano doméstico y tuvo a los hijos y nietos como los principales maltratadores.

Entonces, al corroborar que la violencia es generalizada y no sólo contra un miembro o grupo vulnerable, la solución está a la vista: FORTALEZCAMOS LA FAMILIA.

Efectivamente, necesitamos que el Estado cambie su enfoque, voltee la mirada hacia la familia, e implemente políticas públicas orientadas a fortalecerla y protegerla. Es por ello, que en lugar de mantener un Ministerio de la Mujer, obstinado en promover el enfoque de género -el cual promueve un antagonismo social entre hombres y mujeres, viendo a los primeros como el malvado opresor a derrocar y a la segunda como la víctima a quien hay que empoderar- es vital la creación del Ministerio de la Familia, quien bajo un enfoque familiar, implemente políticas públicas orientadas a defender y proteger a la niñez, la promoción del matrimonio, el fortalecimiento de los lazos familiares, el cuidado y atención especial del adulto mayor, y la erradicación de toda forma de violencia familiar en su conjunto.

jueves, 21 de diciembre de 2017


APUNTES SOBRE VACANCIA PRESIDENCIAL POR INCAPACIDAD MORAL Y DEBIDO PROCESO

Por: Alejandro Muñante Barrios y Jorge Eduardo De Lama Vargas.*


La posible vacancia por incapacidad moral del Presidente de la República, ha generado -y no es para menos- un intenso debate público entre quienes consideran que el presidente debe  ser vacado y aquellos que consideran que debe mantenerse en el cargo. Tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, diversos congresistas, analistas, periodistas y ciudadanos; han planteado todo tipo de argumentos para defender su posición; sin embargo, salta a la vista aquellos que hacen alusión a la incapacidad moral como concepto de difícil determinación y a un supuesto irrespeto al debido proceso.

Debemos precisar en primer lugar que, en un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral no se discute si el Presidente cometió algún acto de corrupción o de infracción constitucional durante su gestión -ya que eso sería materia de un antejuicio y no de un juicio político- sino más bien lo que se ventila es la conducta ética del Presidente. En efecto, se cuestiona aquellos actos que devienen en una falta grave a la ética y la moral, que en su condición de Jefe de Estado y en quien recae la función de dirigir la política general del gobierno, sería imperdonable que ocurra. En este sentido, es preciso citar lo dicho por el profesor Abraham García Chávarri en su tesis “La vacancia por incapacidad moral del Presidente de la República” donde afirma: “Conviene distinguir la incapacidad moral como causal de vacancia presidencial de la acusación constitucional contra el presidente de la República por la causal de infracción de la Constitución”.[1]


LA INCAPACIDAD MORAL PARA GOBERNAR

Si bien la incapacidad moral se encuentra contemplada en el inciso 2 del Art. 113 de la Constitución Política del Perú, sin embargo no existe una ley que la desarrolle; pues la norma en mención sólo se limita a señalar que se trata de una condición de carácter permanente y que debe ser declarada por el Congreso. Ante esto, quien podría negar que la incapacidad moral viene a ser aquella declaración de invalidez para el cargo, producida por toda conducta premeditada que sea contraria a la reglas de la moral y la ética.

Por esa razón, consideramos que, la falta a la verdad en la que incurran las declaraciones públicas del Presidente de la Nación, constituye una grave afectación al prominente  grado de honorabilidad que su alta investidura demanda. Así, esa falta a la verdad, debe ser analizada desde la coyuntura política en la que nos encontramos, para poder determinar, cuan comprometida estaría su credibilidad ante la opinión pública, sobre todo en aquellos casos donde exista mayor grado de sensibilidad en la población. Está claro que no será lo mismo si el Presidente miente sobre su patrimonio, que si miente sobre sus vínculos con una empresa envuelta en grandes casos de corrupción a nivel internacional. Mentirle al país en este último caso concreto es pues causal de incapacidad moral, puesto que es evidente que estos hechos denigran la imagen presidencial. [2]

Corresponde ahora, a los congresistas -no a los jueces- elegidos por voluntad popular, el cual les otorga una alto grado de discrecionalidad, decidir sobre ese asunto. Decisión que será enteramente política y no jurídica, ya que, como señala el Profesor Walter Robles Rosales, no es un juicio penal sino político, pues el Congreso no juzga un hecho como delictuoso, sino una situación de gobierno inconveniente para el Estado.[3] Ahora bien, para ello, existe un debido procedimiento, y es el que dispone el artículo 89-A del Reglamento del Congreso. Por tanto, al no ser un proceso de naturaleza judicial, no entra a tallar las reglas jurisdiccionales, sino cuestiones netamente políticas. Tal como lo reconociera  el Tribunal Constitucional en el Exp. 0006-2003-AI/TC.[4]

Si bien la propuesta de desarrollar un marco legal claro y preciso que desarrolle los supuestos para saber cuándo estamos frente a una incapacidad moral del Presidente -tarea difícil, dada la naturaleza bastante subjetiva del concepto- no nos parece tan descabellada, qué duda cabe que una de las acciones a tipificar como causal de esa incapacidad sería precisamente el negar los vínculos con algún personaje u organización ligada a la corrupción ante una comisión investigadora Ad Hoc, o por el supuesto de habérsele descubierto actos de corrupción cuando era funcionario público con anterioridad a su elección.

EL “DEBIDO PROCESO” EN LA VACANCIA PRESIDENCIAL.

El Tribunal Constitucional define el debido proceso como un derecho que: ‘‘supone el  cumplimiento de  todas  las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos’[5]; “comprende una serie de derechos fundamentales de orden procesal, cada uno de los cuales cuenta con un contenido constitucionalmente protegido que le es propio[6]; “su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos”.[7]

Tenemos entonces una suerte de derecho continente que agrupa un conjunto de derechos tales como; el derecho al juez natural, el derecho a la imparcialidad del juez, el derecho al procedimiento preestablecido, el derecho a la asistencia de un abogado, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho a la presunción de inocencia, etc.

Dicho esto, la pregunta a responder es ¿Todos los derechos y garantías que se encuentran comprendidos en el derecho al debido proceso, son aplicables al proceso de vacancia? La respuesta es no. El procedimiento de vacancia por incapacidad moral es de naturaleza política. En él, no se busca determinar la responsabilidad penal o administrativa del Presidente respecto de algún delito o infracción, sino de cuestionar sus conductas y  calidades morales para así constatar una situación, si el presidente tiene o no capacidad moral para dirigir a la nación. Así pues, la vacancia presidencial, al igual que los mecanismos de interpelación y censura, son juicios de control político; por lo que, atendiendo a esa naturaleza específica, el pretender que se apliquen simétricamente todos los derechos y reglas procesales que conforman el derecho al debido proceso a los procedimientos políticos, significaría desnaturalizarlos de tal manera que ya no podrían cumplir con la finalidad para los cuales han sido establecidos.

A modo de ejemplo: ¿Puede el Presidente de la República, en ejercicio del derecho a la pluralidad de instancias, apelar ante una instancia superior la decisión a la que llegue el Congreso, si este decide vacarlo? Obviamente no. ¿Puede un Ministro censurado ser repuesto mediante un proceso de amparo alegando falta de motivación de la decisión del parlamento? La respuesta también es no. ¿Se viola el derecho al juez imparcial, si algún o algunos congresistas manifiestan su decisión de vacar al Presidente de la Republica con anterioridad a que realice su presentación ante el pleno? De ninguna manera; así como tampoco se viola el mismo derecho cuando los congresistas del partido de gobierno manifiestan su decisión de votar en contra de la vacancia antes de escuchar los descargos del Presidente ante el Congreso, a pesar de que ambas situaciones, en el marco de un proceso judicial podrían constituir un adelanto de opinión del juez y por tanto una vulneración del derecho al debido proceso.

Por tanto, en el caso del procedimiento constitucional de vacancia por incapacidad moral iniciado por el Parlamento, el derecho al debido proceso se entenderá cumplido si es que se respeta el procedimiento establecido en la Constitución y el Reglamento del Congreso, tanto en sus formas como en sus plazos, pero nada más. Vale decir que el mismo procedimiento de vacancia contempla que el Presidente, personalmente o a través de su abogado, brinde sus descargos ante el pleno respecto de las conductas sobre las cuales se le cuestiona, por lo que alegar que no se está respetando el derecho a la defensa, al haber aprobado la moción de censura sin que haya asistido a declarar a la comisión Lava Jato, es erróneo.

Finalmente lo dicho aquí va de la mano con el criterio recogido por el Tribunal Constitucional, el cual ha indicado que: “el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusivamente el campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de su respeto y protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales. Sin embargo, esta vocación expansiva del derecho al debido proceso no significa que todos los derechos que lo conforman se extiendan, tout court, a todos los procesos o procedimientos a los que antes se ha hecho referencia”.[8]

*Abogados (USS – PUCP), directivos de la Red Nacional de Abogados para la Defensa de la Familia.




[1] http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/viewFile/8962/9370
[2] Esta posición es también asumida por el Constitucionalista Enrique Bernales: “(…) el no haber dicho la verdad sí podría ser una causal de vacancia por incapacidad moral, pues el mentir no fue ocasional sino una decisión voluntaria, (…).” Asimismo por el Constitucionalista Ernesto Álvarez Miranda: “Mentir reiteradamente al pueblo que lo eligió, en procura de impunidad en materia de delitos de corrupción, sí justifica la vacancia.” Ambas opiniones expresadas en: https://diariocorreo.pe/tema-del-dia/vacancia-ppk-bajo-lupa-cinco-juristas-792875/.
[3]http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/53FAE8CBDB8B56F4052575DF00629015/$FILE/El_juicio_pol%C3%ADtico.pdf
[4] “19.  Lo expuesto permite afirmar que en la Carta Fundamental no solamente se encuentra consagrado el antejuicio, sino también el juicio político, esto es, aquel que permite iniciar un procedimiento a los funcionarios enumerados en su artículo 99°, en razón de las “faltas políticas” cometidas en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de “retirar el poder de quien hace mal uso de él e impedir que [...] pueda ser reinvestido de poder en el futuro.”
[5] EXP. N° 04944-2011-PA/TC
[6] EXP. N° 5194-2005-PA/TC
[7] EXP. N° 7289-2005-PA/TC
[8] EXP. N° 5194-2005-PA/TC

martes, 19 de diciembre de 2017



¿CUÁNDO ESTAMOS ANTE UN CASO DE INCAPACIDAD MORAL PARA GOBERNAR?



En un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral no se discute si el Presidente cometió algún acto de corrupción o de infracción constitucional durante su gestión -ya que eso sería materia de un antejuicio y no de un juicio político- sino más bien lo que se ventila es la conducta ética del Presidente. En efecto, se cuestiona aquellos actos que devienen en una falta grave a la ética y la moral, que en su condición de Jefe de Estado y en quien recae la función de dirigir la política general del gobierno, sería imperdonable que ocurra. En este sentido, es preciso citar lo dicho por el profesor Abraham García Chávarri en su tesis “La vacancia por incapacidad moral del Presidente de la República” donde afirma: “Conviene distinguir la incapacidad moral como causal de vacancia presidencial de la acusación constitucional contra el presidente de la República por la causal de infracción de la Constitución”. (*)
Si bien la incapacidad moral se encuentra contemplada en el inciso 2 del Art. 113 de la Constitución Política del Perú, sin embargo no existe una ley que la desarrolle; pues la norma en mención sólo se limita a señalar que se trata de una condición de carácter permanente y que debe ser declarada por el Congreso. Ante esto, tampoco creo que exista una imperiosa necesidad de regularla, porque de ser así, tendríamos una norma que sólo esté orientada en señalar que la incapacidad moral viene a ser aquella declaración de invalidez para el cargo, producida por toda conducta premeditada que sea contraria a la reglas de la moral y la ética, y eso a mi parecer, no requiere de mayor análisis.
Por esa razón, considero que, la falta a la verdad en la que incurran las declaraciones públicas del Presidente de la Nación, constituye una grave afectación al prominente grado de honorabilidad que su alta investidura demanda. Así, esa falta a la verdad, debe ser analizada desde la coyuntura política en la que nos encontramos, para poder determinar, cuan comprometida estaría su credibilidad ante la opinión pública, sobre todo en aquellos casos donde exista mayor grado de sensibilidad en la población. Está claro que no será lo mismo si el Presidente miente sobre su patrimonio, que si miente sobre sus vínculos con una empresa envuelta en grandes casos de corrupción a nivel internacional. Mentirle al país en este último caso concreto es pues causal de incapacidad moral, puesto que es evidente que estos hechos denigran la imagen presidencial.
Corresponde ahora, a los congresistas -no a los jueces- elegidos por voluntad popular, el cual les otorga una alto grado de discrecionalidad, decidir sobre ese asunto. Decisión que será enteramente política y no jurídica, ya que, como señala el Profesor Walter Robles Rosales, no es un juicio penal sino político, pues el Congreso no juzga un hecho como delictuoso, sino una situación de gobierno inconveniente para el Estado. Ahora bien, para ello, existe un debido proceso, y es el que dispone el artículo 89-A del Reglamento del Congreso. Por tanto, al no ser un proceso de naturaleza judicial, no entra a tallar las reglas jurisdiccionales, sino cuestiones netamente políticas, tal como lo reconociera el Tribunal Constitucional en el Exp. 0006-2003-AI/TC.
Finalmente, si bien la propuesta de desarrollar un marco legal claro y preciso que desarrolle los supuestos para saber cuándo estamos frente a una incapacidad moral del Presidente -tarea difícil, dada la naturaleza bastante subjetiva del concepto- no me parece tan descabellada, qué duda cabe que una de las acciones a tipificar como causal de esa incapacidad sería precisamente el negar los vínculos con algún personaje u organización ligada a la corrupción ante una comisión investigadora Ad Hoc, o por el supuesto de habérsele descubierto actos de corrupción cuando era funcionario público con anterioridad a su elección. Ante estos hechos, estamos seguros que nadie objetaría en descalificar a cualquier Presidente que posterior a su elección, se le descubra anteriores actos de corrupción que fueron maliciosamente ocultados.
(*) http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/viewFile/8962/9370

viernes, 15 de diciembre de 2017

¿EDUCACIÓN SEXUAL PARA MIS HIJOS? NO, GRACIAS.
Reflexiones sobre las limitaciones legales de las políticas educativas en materia sexual frente a la patria potestad.




En estos últimos días el Ministro de Educación ha sido enfático en reafirmar de todas las formas y medios posibles, que el enfoque de género se mantendrá en el currículo escolar y que además se implementará la educación sexual desde el nivel inicial. A todo esto, es menester reflexionar hasta qué punto puede ser esto legal, o es que deviene en un total despropósito que afrenta directamente la patria potestad.

Pues bien, debemos partir señalando, que la función educativa debe verse siempre desde dos planos: de la formación moral y espiritual, y desde la educación escolarizada. En lo que respecta al primero, resulta importante, porque es aquí donde se realiza el cultivo de la personalidad, la internalización de valores morales, las reglas de conducta y de socialización, recayendo esta responsabilidad en los padres, en donde el Estado no puede ni debe inmiscuirse, no sólo porque no es legal (ya que hay derecho internacional que así lo delimita) sino porque además NO es su función hacerlo. En cuanto al plano de la educación escolarizada, también es importante, porque es en donde se desarrolla la transmisión de cultura y de conocimientos, esta última, es tarea propia de los profesores y educadores, donde SI entra a tallar las políticas educativas del Estado. Ahora, si bien esta última tarea no recae en los padres, sin embargo tampoco es excluyente de ellos, ya que la ley les ha reservado el derecho a escoger el tipo de educación y el centro de enseñanza que crean conveniente para sus hijos, según sus convicciones y creencias (Art. 5° Ley General de Educación).

Por tal motivo, se afirma que el deber/derecho de los padres sobre la educación de sus hijos es prioritario y preferente, y la del Estado subsidiaria y complementaria. El Estado reconoce a los padres de familia como los primeros educadores, y por esa razón lo complementa con conocimientos científicos, técnicos, éticos y cívicos. Esto acorde a lo establecido en los artículos 13° y 14° de la Constitución. Nótese que la carta magna no refiere que es tarea del Estado propiciar una educación moral, ni mucho menos de naturaleza sexual (a excepción de aquella que tenga arraigo científico), porque ello compete única y exclusivamente a los padres. Por tanto, pretender enseñar una educación sexual que se atribuya la facultad de persuadir a los menores para que vivan su sexualidad dentro de una cosmovisión que una gran mayoría de peruanos no compartimos, VULNERA ese derecho prioritario; ya que hacerlo necesariamente acarrea una fuerte carga moral que podría confrontar directamente con los valores inculcados en casa.

Hay algunos que alegan en contrario que el derecho/deber de los padres en la educación sólo complementa a la del Estado, tal como se dijo en la audiencia judicial contra el currículo escolar: que la participación de los padres “sólo se limita a ayudar con las tareas”. Hay otros que incluso se atreven a afirmar que resulta “peligroso” que los padres de familia estén a cargo de la educación sexual de sus propios hijos, y que por ello el Estado es el único capacitado para hacerlo. Todo esto forma parte de una falacia que se quiere validar y una seria ignorancia deliberada, ya que poseemos abundante legislación que contradice estos absurdos postulados. Así tenemos por ejemplo, el artículo 26° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prescribe que los padres tienen el derecho PREFERENTE de escoger el tipo de educación que se les debe brindar a sus hijos, asimismo, contamos con nuestras propias leyes generales, las cuales como sabemos, desarrollan los preceptos constitucionales, tales como: el inciso 2 del artículo 423° del Código Civil, donde señala explícitamente que forma parte de la patria potestad de los padres el DIRIGIR el proceso educativo de sus hijos; el inciso c) del art 74° del Código de los Niños y Adolescentes, donde también consagra, que es deber y derecho de los padres DIRIGIR el proceso educativo de sus hijos; y que decir de la Ley general de Educación, léase el artículo 5°[1]. Entonces, es claro que el derecho que ostentan los padres es prioritario, preferente y excluyente en ciertos casos.




[1] Artículo 5º.- Libertad de enseñanza.- La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de acuerdo con sus convicciones y creencias.

martes, 23 de mayo de 2017

APOLOGÍA AL ABORTO TAMBIÉN ES DELITO



ESTE POST INCURRE EN UNA ABIERTA APOLOGÍA AL DELITO?


Veamos, Según el primer párrafo del artículo 316° del Código Penal, comete este delito quien públicamente hace la apología de un delito o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, imponiéndose para ello una pena no menor de uno ni mayor de cuatro años.


Pero, que entendemos por apología? Viene a ser el discurso que se realiza en defensa o alabanza de algo o alguien. Se trata de expresiones orales, escritas o de otro tipo que se difunden con la intención de brindar apoyo a una persona, una organización o una causa. La apología, en ciertos casos, puede ser considerada como un acto ilícito cuando incita a cometer acciones que son contrarias a la ley. En estos casos, se habla de apología del delito, ya que la persona lo que hace es defender y promover conductas delictivas.(*)


Ahora bien, incitar públicamente a través de una red social a practicar el aborto de forma indiscriminada, utilizando frases propagandísticas como: "decide sin culpa"; e incurrir en falacias como: "las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos"; se incurre pues, en una abierta apología al delito del aborto.

Efectivamente, el aborto es un delito sancionable en nuestra legislación; tal es así, que las diversas modalidades de cometerlo se encuentran contempladas en todo un capitulo de nuestro Código Penal (cap. 2, Titulo I, Libro Segundo), siendo catalogado como un delito contra la vida, el cuerpo y la salud. En efecto se castiga este ilícito por el hecho de atentar contra la vida del concebido, siendo este último un ser humano que goza de protección constitucional e internacional.

Hay quienes podrán alegar que el delito de apología solo se comete para los casos de terrorismo, puesto que las jurisprudencias que se conocen sólo se refieren a dicho supuesto, sin embargo ello evidentemente no es así; basta con leer el mencionado artículo para darnos cuenta que este ilícito penal no sólo se limita para aquellos casos, sino para todo elogio, exaltación, o promoción de aquellos hechos que son sancionados penalmente(**); siendo que la pena se incrementa de acuerdo al delito promocionado, entre ellos el de terrorismo, el cual acarrea la pena mas grave.

(*) Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2012. Actualizado: 2014. Definicion.de: Definición de apología (http://definición.de/apología/).

(**) "La acción prohibida es hacer apología, esto es, la alabanza, la ponderación, la exaltación de algo, presentándolo como meritorio, digno de defensa y aceptación para todos,. La apología típica puede ser de un delito o de un condenado por delito. La Ley toma la expresión delito en un sentido muy técnico, como hecho (conducta) tipificado y punido como tal por la ley penal. Quedan marginadas de la tipicidad las apologías que se hagan de contravenciones o de conductas socialmente desviadas y perniciosas para la sociedad que no estén penalmente sancionadas.." ( CREUS, C. (1999). Derecho Penal / Parte Especial. Tomo I. 6° ed.,Buenos Aires; p. 129).

viernes, 12 de mayo de 2017

¿EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN TENÍA EL DEBER-OBLIGACIÓN DE SOMETER A CONSULTA A LOS PADRES DE FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN GENERAL LA ELABORACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN?


A manera de una breve introducción queremos partir citando el artículo primero de la Ley General de Educación Ley N° 28044, el mismo que a la letra dice:

Artículo 1°.- Objeto y ámbito de aplicación
"La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras" (Las negritas nos nuestras).

Como podemos darnos cuenta este artículo es el punto de partida de la ley general de educación, el cual busca asentar las bases o reglas de juego a nivel general de todo el sistema educativo nacional. Efectivamente, hace de manifiesto que el Estado tiene atribuciones y también responsabilidades, pero también señala que las personas y la sociedad en su conjunto tienen derechos y responsabilidades  en materia de educación. Es en este ámbito, que los padres de familia como los primeros educadores de sus hijos, tienen plena participación en estos derechos y responsabilidades.


1.      LAS IMPLICANCIAS DEL CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL APRENDIZAJE  DE LOS ESTUDIANTES COMO RAZÓN SUFICIENTE PARA SOMETERLO A CONSULTA NACIONAL A LOS PADRES DE FAMILIA.

Tal como se desprende de la parte introductoria del Currículo Nacional de la Educación Básica, señala claramente que éste es la base para la elaboración de los programas y herramientas curriculares de Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial, así como para la diversificación a nivel regional y de institución educativa.

Asimismo, el Currículo Nacional de la Educación Básica orienta los aprendizajes que se deben garantizar como Estado y sociedad; y como instrumento base de la política educativa, tiene como objetivo la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y enmarca los esfuerzos que el Ministerio de Educación realiza por la mejora de la competitividad docente, la infraestructura educativa y la gestión de las Instituciones Educativas. Por lo tanto este documento es la principal materialización de las políticas educativas que emprende el Estado, el cual se ejecuta en todo el territorio nacional; de allí su importancia.

Efectivamente, Luego de casi cinco años de trabajo, el Ministerio de Educación publicó la Resolución Ministerial Nº 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional y dispuso implementarlo a partir del primero de enero del 2017 en todas las instituciones y programas educativos de educación básica públicos y privados. Consecuentemente, a partir de ese momento se dejó sin efecto el Diseño Curricular Nacional aprobado el año 2009 y la Resolución Ministerial Nº 199-2015-MINEDU, que modificó los contenidos de varias de las áreas de formación.

Ahora bien, debemos señalar que elevar la calidad del servicio educativo constituye un tema complejo, que implica diversas variables, y que se vuelve particularmente complejo en nuestro contexto de sociedad, de profundas desigualdades socio-económicas. Es por ello que las políticas educativas deben diseñarse y trabajarse siempre bajo principios y parámetros, y estos deben ser:

·         La Participación, entendida como la más amplia y democrática consulta de todos los sectores de la vida nacional.
·         El Bien Común, entendiendo que en esta labor debe primar el interés colectivo y no responder a intereses particulares.
·         La Transparencia, entendida como la difusión y publicidad de los hallazgos a fin de que sean ampliamente conocidos.
·         La Corresponsabilidad, en el entendido de que la educación supone una responsabilidad compartida entre la sociedad y el Estado como órgano rector.

En ese sentido, si bien el currículo deberá introducir temas y materias que contribuyan a una formación humanista, científico y tecnológico, también debe fomentar una educación acorde a nuestra diversidad, valorando el legado de nuestra cultura, el cual incluye las creencias y valores de cada sector de la población. Tomando en cuenta ello, se podrá promover la verdadera inclusión en los planes de estudio, además de lograr una correcta cultura de paz y de fortalecimiento democrático.  Hay que entender que una eficaz enseñanza de los valores es una misión que compete no sólo a las instituciones de enseñanza; es también tarea de las familias, los gobernantes, los medios de comunicación y la sociedad en general; por consiguiente, en atención a todos estos puntos, es vital y necesario que el Currículo Nacional haya sido sometido a consulta nacional, para que de esa manera se garantice el respeto y fortalecimiento de una verdadera democracia que represente las demandas de cada sector de la población y sean articuladas en un consenso nacional para la elaboración de una política educativa mucho más integral en aras de la búsqueda una excelente educación.

2.      EL DERECHO PRIORITARIO DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS COMO JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA NACIONAL.

Uno de los principales argumentos de la demanda de Acción Popular planteada contra el mencionado currículo de educación, acusa de que éste en ninguna parte señala que se haya consultado a los padres para su elaboración. Es así, que en el propio texto de presentación del Currículo, se establece cuál fue el proceso de su elaboración, y en este apartado no hace mención  alguna a la supuesta participación a los padres de familia y la sociedad en su conjunto. En efecto, el propio currículo en su presentación  señala que para su elaboración se ha consultado a docentes, especialistas, expertos nacionales e internacionales, etc., pero no menciona a los padres; por consiguiente es un hecho que el MINEDU no ha podido ni podrá refutar.

Siendo la familia la primera y más importante institución educadora, como tal lo ha reconocido el mismo Ministerio de Educación, en labios de la propia ministra de educación cuyas declaraciones han sido públicas, es lógico y razonable que debe dotársela de recursos para que pueda ejercer cada vez mejor su rol en el fomento de una cultura de crianza adecuada y la consolidación de una formación integral de los estudiantes; esto es, garantizar su rol participativo en los planes nacionales de educación. Las familias deben ser objeto de periódicas capacitaciones para que puedan operar como importantes aliados de la educación y no simplemente excluyéndolos como ha ocurrido.

El derecho formador prioritario que ostentan los padres, debe obligar al Estado a tomar las previsiones para garantizar la plena participación de éstos en la elaboración de los programas educativos; toda vez que, este derecho preferente está internacionalmente reconocido y consagrado en los tratados que el Perú es parte. Citando a las más importantes, tenemos: el último párrafo del artículo 26° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala: "Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos"; así también, el último párrafo del artículo 18° del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos donde consagra: "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Nuestra Constitución y nuestra legislación interna no es ajena en reconocer también este derecho prioritario, así lo consagra el artículo 13° de nuestra Carta Magna, que a la letra dice: "(....) Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo"; esto en concordancia con lo estipulado en el artículo 74º, literal c) del Código de Niños y Adolescentes, donde señala que es deber y derecho de los padres a: "c) Dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes"; por último, tenemos también a lo establecido en el artículo 5º, de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, que señala: "La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de acuerdo con sus convicciones y creencias".

Entonces, queda claro, que tanto la legislación externa como interna, afirman la primacía de los padres en el ejercicio de su derecho a elegir el tipo de educación que quieren para su hijos; es decir, no es el Estado, ni terceros, quienes pueden decidir ello, porque el hacerlo, no solo significaría una vulneración evidente a ese derecho, sino también, una clara renuencia a las normas internacionales las cuales son de estricto cumplimiento.



3.      FUNDAMENTOS LEGALES QUE LEGITIMAN UNA NECESARIA CONSULTA NACIONAL A LOS PADRES DE FAMILIA.

Sabemos que someter a una consulta nacional las políticas educativas implica costos y un gran esfuerzo por parte del Estado; sin embargo, esta consulta se justifica en que no solo se obtendrá un verdadero diagnóstico de nuestra realidad educativa y por ende las propuestas de mejora y desarrollo, sino que también, su realización implica el cumplimiento de todo un marco legal y ético en torno a la necesaria y efectiva participación de los padres de familia y de  la comunidad en general en la elaboración de dichas políticas.

Y es que, como sabemos la educación es un derecho humano inalienable y un deber del Estado garantizarlo, por lo tanto éste asume la rectoría en los procesos de definición, organización, ejecución y supervisión de las políticas educativas del país; asimismo, debemos de tomar en cuenta que, la educación está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad.

Debemos de saber también que son principios universales de la educación la democracia participativa, la responsabilidad social, la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas, la formación para la independencia, la defensa de la soberanía, la formación de una cultura de paz, la justicia social, el respeto por los derechos humanos, la no discriminación y la inclusión. Todo ello es razón suficiente para que dicha consulta nacional sea viable y necesaria.

Ahora bien, nuestra legislación especial en materia de educación, la Ley General de Educación, nos brinda el marco legal suficiente para plantear que la consulta nacional es un presupuesto contenido en las mismas normas de dicha regulación y por lo tanto su exigencia es legítima y razonable. Así tenemos:

ü  Artículo 7º.- Proyecto Educativo Nacional. El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el marco estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se construye y desarrolla en el actuar conjunto del Estado y de la sociedad, a través del diálogo nacional, del consenso y de la concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su formulación responde a la diversidad del país (Las negritas nos nuestras).

ü  Artículo 22°.- Función de la sociedad. La sociedad tiene el derecho y el deber de contribuir a la calidad y equidad de la educación. Ejerce plenamente este derecho y se convierte en sociedad educadora al desarrollar la cultura y los valores democráticos.
A la sociedad, le corresponde:
a)      Participar en la definición y desarrollo de políticas educativas en el ámbito nacional, regional y local. (Las negritas nos nuestras).

ü  Artículo 34°.- Características del currículo-
El currículo es valorativo en tanto responde al desarrollo armonioso e integral del estudiante y a crear actitudes positivas de convivencia social, democratización de la sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía. El currículo es significativo en tanto toma en cuenta las experiencias y conocimientos previos y las necesidades de los estudiantes. El proceso de formulación del currículo es participativo y se construye por la comunidad educativa y otros actores de la sociedad; por tanto, está abierto a enriquecerse permanentemente y respeta la pluralidad metodológica. (Las negritas nos nuestras).

ü  Artículo 52°.- Conformación y participación. La comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, administrativos, ex alumnos y miembros de la comunidad local. Según las características de la Institución Educativa, sus representantes integran el Consejo Educativo Institucional y participan en la formulación y ejecución del Proyecto Educativo en lo que respectivamente les corresponda. La participación de los integrantes de la comunidad educativa se realiza mediante formas democráticas de asociación, a través de la elección libre, universal y secreta de sus representantes. (Las negritas nos nuestras).

ü  Artículo 80°.- Funciones Son funciones del Ministerio de Educación:
b) Formular, aprobar, ejecutar y evaluar, de manera concertada, el Proyecto educativo Nacional y conducir el proceso de planificación de la educación.
p) Establecer los lineamientos básicos para garantizar la participación de la sociedad civil en la orientación y mejoramiento de la educación.  (Las negritas nos nuestras).

ü  Artículo 23º.- De la política pedagógica Nacional
La Política Pedagógica Nacional tiene por objetivo garantizar a los estudiantes el acceso a una educación de calidad. Articula de manera coherente los factores de calidad señalados en la Ley e incluye lineamientos y acciones fundamentales respecto a:
a) El diseño, diversificación, adaptación, implementación y evaluación de los currículos.
b) El enfoque, organización y conducción de los procesos pedagógicos en las instituciones educativas.
 c) La generación de un entorno educativo armonioso, saludable, seguro, confiable, eficiente, creativo y ético favorable a los aprendizajes.
d) El diseño, validación, producción, distribución y utilización de los materiales y recursos educativos y centros de recursos.
 e) El diseño, organización y conducción de la formación inicial y en servicio de los docentes.
 f) La evaluación de estudiantes acorde a sus características y el uso de sus resultados para mejorar sus aprendizajes.
g) El diseño y utilización de instrumentos de gestión pedagógica.
 h) La innovación e investigación en el sistema educativo.
La Política Pedagógica Nacional es formulada por el Ministerio de Educación, considerando el Proyecto Educativo Nacional y los lineamientos de política educativa, en coordinación con los Gobiernos Regionales y con la participación del Consejo Nacional de Educación, el Colegio de Profesores, instituciones académicas y organizaciones representativas de la sociedad.

En cuanto a su reglamento encontramos la siguiente norma relevante:
ü  Artículo 27º.- Currículo Nacional de la Educación Básica El Currículo Nacional de la Educación Básica guarda coherencia con los fines y principios de la educación peruana, señalados en la Ley, el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de la Educación Básica. Es la base de la Política Pedagógica Nacional y es elaborado por el Ministerio de Educación.
Contiene los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al concluir cada nivel y modalidad, mostrando su progresión a lo largo de toda la escolaridad, así como la forma de evaluarlos a nivel de proceso y resultados. Incluye un conjunto de competencias nacionales priorizadas que constituyen el marco curricular nacional que serán monitoreadas y evaluadas periódicamente por el Ministerio de Educación.
Este contenido, en correspondencia con los objetivos de la Educación Básica, está fundamentado en un diagnóstico de la realidad sociocultural y económica, así como de las necesidades y demandas de las generaciones en formación. Tiene un sustento pedagógico y guarda coherencia con las demandas globales a la a la educación del mundo contemporáneo en el campo de la cultura, la ciencia y la tecnología.
Este currículo es flexible, permite adecuaciones que lo hacen más pertinente y eficaz para responder a las características, necesidades e intereses de los estudiantes.
La construcción de este currículo es fruto de un proceso de consulta amplia con la comunidad educativa, las organizaciones sociales y comunales, otros agentes del Estado y la sociedad civil. En la Educación Básica Alternativa, incluye la participación de los estudiantes, a través del Consejo de Participación de Estudiantes.
El currículo es monitoreado y evaluado permanentemente por el Ministerio de Educación en su aplicación o implementación, en corresponsabilidad con los Gobiernos Regionales, a través de mecanismos técnicamente confiables que produzcan reportes periódicos de conocimiento público, y empleando mecanismos de consulta amplia con la ciudadanía.
La aprobación o modificación de su enfoque se realiza sobre la base de un proceso de consulta y con opinión técnica del Consejo Nacional de Educación, con el propósito de asegurar el logro de sus objetivos y mejorar la calidad educativa.
La atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales tiene como referente los currículos de los diferentes niveles, modalidades y formas que, al ser abiertos y flexibles, permiten las diversificaciones y adaptaciones curriculares pertinentes a las características y necesidades de los estudiantes. (Las negritas nos nuestras).


4.      LA INEFICIENTE CONSULTA COMO FUENTE DE VULNERACIÓN DE DERECHOS PRFERENTES Y LA FALTA DE REPRESENTATIVIDAD DE LA INSTITUCIONES SUBORDINADAS AL MINEDU.

Constantemente hemos visto a los responsables del Ministerio de Educación afirmar que la formulación del Currículo Nacional de la Educación Básica ha sido ampliamente trabajada durante 4 años, y para lo cual han consultado a más de 50,000 actores del sistema educativo nacional, que supuestamente esto incluyó a padres de familia, docentes y especialistas en educación.

 El 04 febrero del 2016,  Cecilia Ramírez, titular de la Dirección de Educación Básica Regular del MINEDU, Afirmó que es importante que la ciudadanía en general sea consultada respecto al Perfil de Egreso de los Estudiantes de Educación Básica. "La participación de todos permite promover una visión sobre con qué aprendizajes contarán los ciudadanos del futuro", refirió. Recordó también que para el proceso de ajuste del Currículo Nacional, el MINEDU ha recogido estudios y consultas realizadas entre el 2012 y el 2014, así como conclusiones de reuniones realizadas durante el 2015 con representantes de universidades, cooperación internacional, sectores público y privado, docentes en servicio y expertos en educación. Igualmente, se consideró los aportes recibidos en la consulta nacional organizada por el Consejo Nacional de Educación (CNE) en la región Ayacucho, que convocó a más de 100 especialistas del sector público, privado y sociedad civil de todo el país. (http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-invocan-a-participar-consulta-virtual-sobre-perfil-como-deben-egresar-escolares-597426.aspx).

 “El MINEDU no trabaja de espaldas a la realidad. No somos burócratas de escritorio. Nosotros dialogamos y construimos junto con la comunidad nuestras propuestas educativas”, dijo la ministra Martens al presentar el EIB en el Pucallpa (Ucayali).

Pilar Biggio, asesora pedagógica del MINEDU afirmó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio el 3 de Febrero 2017 “[¿Es verdad que el currículo fue consultado y ha sido impuesto?] Este nuevo currículo ha sido construido a puertas abiertas, no a puertas cerradas. Es imposible que se consulte al 100% de padres de familia, pero sí se ha consultado a grupos de padres, a de educadores,  y a expertos en el tema” (http://www.ideeleradio.org.pe/lo-mas-visto/minedu-curriculo-escolar-se-hizo-a-puertas-abiertas-consultando-a-padres-y-educadores/).

Entonces, siendo un tema discutible la supuesta participación de los padres de familia en la elaboración del currículo escolar, Paul Neira del Ben integrante del Consejo Nacional de Educación, expreso en una entrevista a RPP, que hasta el momento no se ha abierto un verdadero diálogo entre los implicados sobre este tema: “No se ha abierto realmente un diálogo, una cosa es consulta  -yo vengo con este aparato, te lo pongo adelante y te digo que te parece?-  y otra cosa es abrir un dialogo, donde nos pongamos de acuerdo como peruanos, cosa que no sabemos hacer tampoco, (…) de alguna manera, por algún lado tenemos que comenzar, (…) si no hay un dialogo correcto entre padres y profesores se quiebra el 50% del aprendizaje de los chicos”, señaló.

Nos damos cuenta entonces, que no existe y nunca existió una correcta y eficiente consulta a los padres para la elaboración del currículo nacional, que como ya lo habíamos dicho, pues éste constituye el documento base de las políticas de educación a nivel nacional.
Ahora bien, es pues el Consejo Nacional de Educación el órgano encargado de representar correctamente a los padres de familia a nivel nacional? Para responder primero remitámonos a los que señala el Reglamento de la Ley General de Educación en su artículo 162°, asi a la letra expresa:

Artículo 162º.- Finalidad y funcionamiento El Consejo Nacional de Educación es un órgano especializado, consultivo y autónomo del Ministerio de Educación, integrado por personalidades especializadas y representativas de la vida nacional, seleccionadas con criterios de pluralidad e interdisciplinariedad. Tiene como finalidad participar en la formulación, concertación, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Nacional, en las políticas y los planes educativos de mediano y largo plazo y en las políticas intersectoriales sobre educación. Maneja su presupuesto. Promueve acuerdos y compromisos educativos a través del ejercicio participativo del Estado y la sociedad civil. Opina de oficio en asuntos concernientes al conjunto de la educación peruana. El Consejo Nacional de Educación está integrado por los consejeros, quienes en conjunto conforman un organismo colegiado plural y multidisciplinario. La composición, funciones, organización y renovación de los consejeros se establece por norma específica.

Asi también, el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Educación aprobado mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 044-2016-MINEDU, señala:

Articulo 4.- El CNE está integrado por un conjunto plural y multidisciplinario de veinticinco (25) personalidades designadas por el Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial, por un periodo de seis (6) años calendario consecutivos. En el ejercicio de sus funciones, los Consejeros gozan de plena autonomía.

Entonces, podemos afirmar que un órgano subordinado al MINEDU, no puede  tener la capacidad de representación de los padres de familia a nivel general, puesto que éste no goza de una verdadera autonomía e independencia que garantice una correcta participación de todos los sectores de la población y mucho menos garantice una eficiente viabilidad de las demandas de los padres de familia.

Es menester dejar en claro, que uno de los grandes desafíos que tiene el Estado en materia de educación tiene que ver  con el reconocimiento práctico de que el Perú es un país en el que se expresa la diversidad étnica, cultural y religiosa, lo que obliga a diseñar políticas y emprender acciones en las que se reconozcan y potencien las prácticas de esta diversidad cultural; por tanto no es posible que a través de una política nacional educativa pretenda imponer una visión sociológica de la sexualidad a través de un enfoque transversal que un gran sector de la población no comparte, ya sea por cuestiones religiosas, morales o de cualquier otra índole. Problemática como el que se refleja en el presente proceso obedece precisamente a que el Estado no atendió esta realidad, lo que evidencia pues, que mecanismos como la consulta nacional sean de vital importancia.

Queremos que nuestra sociedad de ahora en el futuro sea una que esté informada sobre los resultados obtenidos con las políticas y programas educativos locales y nacionales, y participe en las discusiones y decisiones respecto a continuarlas o cambiarlas. El Estado debe garantizar que todos los peruanos estén al tanto de las metas de mejora de la calidad educativa que el país se plantee y permita que muchos de nosotros tomemos parte activa en sistemas locales de participación y vigilancia ciudadana para su cumplimiento.


5.      LA CONSULTA COMO BUENA PRAXIS EN AMÉRICA LATINA.

La relevancia de un efectiva consulta a la comunidad y en especial a los padres de familia, para asegurar con ello su correcta participación en la elaboración de las políticas educativas, no  deviene de una invención de un sector de la población en nuestro país,  y mucho menos en un mero capricho propia de estos lares, sino todo lo contrario, esta buena práctica de someter a consulta eficaz, ha tenido eco en otros países, quienes precisamente han comprendido que solo se podrá alcanzar una educación de calidad  y de forma integral, si ésta contempla los aportes de toda la comunidad educativa. Asi tenemos los siguientes ejemplos en nuestra región:

a)   CHILE

En nuestro vecino país del sur se celebró “CONSULTA NACIONAL DE EDUCACION”, la cual se trató de una consulta abierta, autónoma, en la cual organizaciones sociales estudiantiles instaron a la participación del país entero con el fin de que se exprese este sueño, tomando en cuenta la opinión de todos.

Esta consulta nacional según se informó, constó de cinco preguntas y se realizó entre el 2 y 9 de julio 2008, en el cual  participaron 103.754 personas, entre los cuales destacaron un gran número de padres de familia.  Esta consulta popular fue llevada a cabo por diversas organizaciones estudiantiles  y sociales, con el fin de recoger las opiniones de todos quienes quieran expresar sus ideas sobre la educación que dicho país necesita. La consulta se desarrolló en dos modalidades, mediante urnas tradicionales y vía votación electrónica en el sitio web: www.consultaeducacion.cl”.

De los resultados de  esta iniciativa gubernamental se desprende que un 88% de los consultados se mostró a favor de que el Estado garantice el derecho a la educación. Un 69% cree que la educación debe estar a cargo de un organismo público. Mientras que el 75% se opone al lucro con financiamiento estatal. [1]


b)  MEXICO

En este importante y vasta nación se desarrolló “LA CONSULTA DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO 2016”, realizada en julio de ese mismo año, fue la gran oportunidad para que lo mexicanos emitan su opinión sobre el Nuevo Modelo Educativo y la propuesta curricular a partir de la cual se elaboraron los nuevos planes y programas de estudio, asi como sus libros de texto.

Para ello, se abrió la dirección electrónica “www.gob.mx/modeloeducativo2016, un foro donde la población, en un plazo determinado y sin prórroga, podía consultar sobre la política educativa de su país, en la cual cualquier ciudadano mexicano podía participar en el desarrollo del nuevo modelo de enseñanza que forma parte de la Reforma educativa emprendida por dicha nación.

Con la finalidad de garantizar una educación de calidad, dicha participación ciudadana estaba dividida en tres secciones, siendo que en el tercero, se presentó la propuesta curricular para el educación obligatoria 2016, que contenía un planteamiento para la Educación Básica y Media Superior.

Dichos esfuerzos no quedaron allí, sino que también, la Secretaria de Educación Pública de México, inicio una serie de foros y debates con la sociedad mexicana y una consulta en línea para recibir los distintos puntos de vista con  el objetivo de reforzar y mejorar la propuesta educativa.[2]


c)    VENEZUELA

La República Bolivariana de Venezuela, a través de su Ministerio del Poder Popular para la Educación, creo una comisión asesora para la calidad educativa, conformado por instituciones y personas especializadas, cuyo fin fue impulsar una consulta nacional y medidas inmediatas, en abril del 2014, para favorecer a una mejor educación en dicho país.

Lo que se denominó “CONSULTA NACIONAL POR LA CALIDAD EDUCATIVA” estuvo dirigida a la más amplia discusión de la educación y la búsqueda de elementos comunes que permitan avanzar hacia una educación de mayor calidad, y principalmente a la obtención de líneas orientadoras para la formulación del currículo, la formulación de políticas educativas nacionales y la transformación del sistema educativo para generar una gestión institucional eficiente, comprometida y sobre todo participativa.

Los sectores consultados fueron los educadores de todos los niveles, escuelas universitarias de educación, trabajadores académicos y de apoyo de la educación básica, jefes de las zonas educativas, directores de escuelas, padres de familia, representantes, gremios, asociaciones privadas dedicadas a la educación, movimientos sociales cuyas practicas están asociadas a la educación, comunidades indígenas,  asociaciones culturales, deportivas, estudiantes de todos los niveles y modalidades gobernadores, alcaldes, y otras instituciones del Estado especialistas en el área, defensorías escolares, el sector productivo del país, representantes de las principales iglesias, comunidades organizadas, medios de comunicación, organismos e instituciones internacionales vinculadas al tema educativo.

El Gobierno de turno señaló que con dicha encuesta se hará énfasis en la formación docente y en el fortalecimiento de la relación escuela, familia y comunidad. El Ministerio informó que los cuatro meses de la consulta educativa, 7,2 millones personas, entre padres y representantes, maestros, directores, estudiantes y el poder popular participaron en este debate nacional, del cual se generaron las políticas que regirán el sistema educativo de los próximos 10 años en dicho país.[3]

En nuestro país no fuimos ajenos ante esta necesidad, ya tenemos un antecedente similar, que sin embargo no cumplió los fines que se propuso; es asi, que En julio de 2,001, el nuevo presidente electo de Perú, Alejandro Toledo, propuso un proceso de diálogo para lograr un amplio consenso social y contribuir a la consolidación de la democracia. Esta propuesta se llamó “EL ACUERDO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN”, el cual implicó compromisos sobre temas absolutamente específicos, para alcanzar resultados basados en la estabilidad institucional del sistema democrático apuntando al año 2021, y lograr que la sucesión de gobiernos asuman responsablemente la continuidad de las Políticas Estado durante los próximos 20 años.  Bajo el lema “LA EDUCACIÓN ES TAREA DE TODOS” fomentaron que corresponde a la sociedad y en especial a los líderes educativos promover la convergencia para fortalecer su integración y articular sus esfuerzos, para obtener una educación de calidad, que sea capaz de mejorar la situación social, política y económica de nuestro País.[4]
Es pues necesario encontrar  conceptos claros y compartidos por la mayoría de los grupos sociales y por las comunidades escolares específicas, para arribar a un consenso sobre el tipo de educación que todos los alumnos deben aprender en la escuela. Esas expectativas de logro, llamadas también estándares en algunos países, deben determinarse mediante un proceso de consulta técnica y social, con amplia participación de todos los grupos de actores sociales, siendo los padres de familia los principales por tener el derecho preferente en la educación de sus hijos, de modo que gocen de tola legitimidad suficiente y sin limitaciones o restricciones de ninguna clase.

Por lo tanto, podemos concluir este acápite señalando que es indispensable que la educación se transforme en el objeto de un debate social de magnitud y como ámbito de consenso, donde los padres de familia, tengan una real y efectiva participación, centrando ese debate en las cuestiones fundamentales que de manera tan decisiva comprometen el futuro de la nación. Lo que hace necesario que el currículo nacional de educación básica aprobado el 2016 e implementado el presente año, se suspenda;  por lo que se debe seguir manteniendo el anterior currículo, hasta que el Estado garantice y materialice un verdadero consenso nacional  de las políticas educativas a desarrollarse, en donde los padres de familia hayan tenido plena participación, quizá no en su gran mayoría, pero al menos acreditar un mecanismo puesto a disposición y sin barreras burocráticas que permita el acceso a todos en un plazo determinado.





[2] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/09/29/manana-concluye-la-consulta-del-nuevo-modelo-educativo-2016
[3]  http://www.telesurtv.net/news/Inicia-en-Venezuela-Consulta-nacional-por-la-calidad-educativa-20140423-0064.html
[4] http://larepublica.pe/06-03-2001/el-acuerdo-nacional-por-la-educacion-una-oportunidad-para-el-dialogo-por-henry-herman